Jose Vicente Rangel

Por: Jose Vicente Rangel

Venezuela y el presidente Nicolás Maduro han tenido ante la provocación del Gobierno guyanés de Exxon-Granger una actitud digna y respetuosa del derecho internacional. Pero al mismo tiempo firme, ajustada a lo que siempre fue la política exterior del país. El acto del vecino, desproporcionado y violatorio del instrumento que norma el diferendo en torno al Esequibo —el Acuerdo de Ginebra suscrito por las partes en 1966—, no le sirvió, si esa era la finalidad que inspiraba el gesto, para que el Gobierno venezolano cayera en la provocación. Todo lo contrario. Su respuesta comedida puso de relieve la validez argumental y justeza de nuestra  posición. Hasta ahora Venezuela tiene ganado el respecto internacional por la manera como maneja el delicado tema, y así quedó demostrado en la reciente cumbre de Mercosur.

1) La Cancillería, conducida hábilmente por la ministra Rodríguez, pudo acreditar que la opción para el tratamiento del diferendo no puede ser otra que el riguroso cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Eso lo sabe el Gobierno Exxon-Granger, y es la razón por la que trata de zafarse del compromiso del referido texto, planteando como salida recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Por tanto hay que preguntarse, ¿por qué los dirigentes guyaneses sacan ese conejo del sombrero? Sencillo, porque están obligados por una normativa pactada conforme a derecho que no los favorece.

2) En la estrategia del binomio Exxon-Granger hay otras iniciativas ante las cuales Venezuela tiene que estar alerta. La pretensión guyanesa de sacar el tema del marco bilateral y llevarlo a un escenario distinto; es decir, no dirimirlo a través del mecanismo del buen oficiante previsto en el Acuerdo del 1966, devela su verdadera intención. Que no es otra que  recurrir a la Corte Internacional de Justicia, donde el diferendo puede eternizarse, o lograr apoyos por el peso que tienen en esa instancia la Commonwealth y la Comunidad europea, con obvia inclinación hacia un país angloparlante.

Pero hay más: el Gobierno de Guyana se mueve en la dirección de colocarse bajo el paraguas de los EE UU, donde los vínculos de la Exxon Mobil con grupos de poder, son determinantes. Por eso el presidente Granger viaja al norte —en medio de la disputa— para hacer lobby y contactar en el Congreso con quienes tienen una conocida actitud antivenezolana. Igual con otros sectores ligados a la conjura contra Venezuela, que ven la oportunidad de estrechar lazos con Guyana para impulsar la desestabilización del país.

3) Agrego lo siguiente: Últimamente se ha detectado —a medida que escala la confrontación— el reforzamiento de los vínculos del Gobierno guyanés con el Comando Sur norteamericano que opera en la zona dentro de una estrategia de control y dominio. Al mismo tiempo, organismos de inteligencia de EE UU comenzaron a circular información de laboratorio sobre supuestos planes del Gobierno venezolano —y aprestos de la Fanb— para atacar a Guyana. Algo totalmente falso, pero que sirve para ubicar futuros desarrollos del diferendo en una hipótesis bélica. Por consiguiente, y con el fin de evitar sorpresas, hay que analizar a fondo las diversas variantes que se plantean con motivo del diferendo. Que surgen de pronto debido a los intereses económicos y factores políticos que pretenden aprovechar las circunstancias para agredir a Venezuela.

Visitantes con  máscaras. Abir un debate sobre un tema tan delicado hoy en el mundo como los derechos humanos y su relación con las posiciones que adoptan Estados, gobiernos, medios de comunicación, grupos de poder, Ongs, es pertinente. Agregaría: urgente. Hay lagunas,  manipulaciones, visiones oportunistas y otros tantos aspectos inquietantes.

Sintetizo: en esta materia todo debe manejarse dentro de la Constitución y nada fuera de ésta. A Venezuela se la ataca por supuesta violación de los derechos humanos. La confabulación de la oposición con grupos y personajes políticos en el exterior, ha conseguido forjar una matriz de opinión que afecta la imagen del país.

Responder a los cargos que le hacen al Gobierno, es una tarea compleja por la virulenta campaña de los medios, destinada a falsear la realidad —todos ellos ligados al objetivo de desestabilizar, ya que en el fondo de lo que se trata es de derrocar a Maduro—, a lo que se suman los abundantes recursos económicos que manejan los conjurados. Nunca un país fue objeto de un ataque tan brutal a base de mentiras, descalificaciones, ingerencia, y de constantes visitas de políticos, parlamentarios, expresidentes que vienen, no para enterarse de lo que realmente pasa, sino para montar el tinglado de la farsa. No les importa la conspiración permanente contra el régimen constitucional y las instituciones.

Desdeñan hechos tan graves como la guarimba que provocó decenas de asesinatos, centenares de heridos, destrucción de instalaciones públicas, cuyos responsables son personas detenidas y procesadas conforme a la ley por las que ellos abogan.

Imposible mayor hipocresía de los integrantes de ese turismo político comprometido con la violencia y el golpismo. Personajes que cuando fueron gobierno en sus países auspiciaron la violación de esos derechos humanos que dicen defender en Venezuela. País donde los DD HH son respetados, y en los casos en que ocurren violaciones a los responsables se les procesa de inmediato. En concreto, son visitantes que se colocan la máscara democrática cuando vienen al país para sacarle provecho mediático y crematístico a la inefable actividad que realizan.

 

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